Este miércoles 11 de diciembre, se oficializó en el diario oficial El Peruano la ley que incorpora el “préstamo gota a gota” al tipo penal de extorsión en el Código Penal peruano. Esta modalidad delictiva podrá ser sancionada con penas de hasta 25 años de prisión o incluso cadena perpetua en su forma más agravada.

El “gota a gota” es una práctica de préstamos extorsivos en la que se imponen condiciones abusivas a través de amenazas, intimidación o violencia con el fin de recuperar el dinero prestado con tasas de intereses excesivas. Este tipo de préstamos afecta especialmente a poblaciones vulnerables y se ha vuelto una preocupación creciente en el Perú debido a su rápida expansión.

Según las autoridades, este método delictivo tiene su origen en redes internacionales, muchas veces provenientes de países vecinos, que aprovechan la falta de regulación financiera y las necesidades económicas de los sectores más desfavorecidos. Las víctimas suelen ser microempresarios y comerciantes informales que, al no acceder a créditos formales, recurren a estos prestamistas, cayendo en una espiral de deuda y amenazas.

La ley promulgada establece penas severas contra quienes utilicen la modalidad del “gota a gota”. Las sanciones oscilan entre 15 y 25 años de prisión cuando se emplean armas, actúan múltiples personas o si las víctimas son personas en situación de vulnerabilidad. Además, en los casos más graves, como cuando se retiene a menores de edad como rehenes, la víctima resulta con lesiones graves o fallece, o el delito tiene un carácter transnacional, la pena podría alcanzar la cadena perpetua.

Esta ley también aborda los llamados “préstamos informáticos extorsivos”. Este delito ocurre cuando se utilizan plataformas digitales o internet para inducir o forzar a aceptar contratos ficticios con el fin de obtener ventajas indebidas. En estos casos, las penas varían entre 10 y 15 años de prisión, pero pueden elevarse a 25 años si se emplea violencia, las víctimas son personas vulnerables, o el delito tiene un carácter transnacional.

Otro punto importante es que estas medidas buscan combatir mejor a las organizaciones criminales. Al definir de forma más clara estos delitos, las autoridades pretenden evitar que los criminales se aprovechen de vacíos legales. Además, se propone que la policía y el sistema judicial trabajen juntos para garantizar que las penas se apliquen correctamente.
Asimismo, la ley incluye sanciones para quienes obstaculicen vías de comunicación o impidan el libre tránsito, con penas que oscilan entre 5 y 10 años de prisión. Esta disposición busca garantizar el orden público y la seguridad ciudadana frente a prácticas coercitivas vinculadas a delitos de extorsión.

La incorporación del “gota a gota” y los préstamos informáticos extorsivos al Código Penal representa un importante avance en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Con penas más severas, el Ejecutivo busca proteger a las víctimas de estas modalidades y fortalecer la seguridad. Sin embargo, la efectividad de esta medida dependerá de una aplicación rigurosa y el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución penal.

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